EL SECTOR AGROALIMENTARIO RECLAMA UN MAYOR APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y UNA DISMINUCIÓN DE LA BUROCRACIA

UNA MAYOR COORDINACION ENTRE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES, ASÍ COMO UN MAYOR APOYO EN LAS POLITICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN REFORZARÁN LA POSICIÓN COMPETITIVA DELSECTOR.

El pasado 21 de mayo se celebró un importante seminario que llevó por título “El sector agroalimentario a debate. Presente y futuro para la Región de Murcia” organizado por La Asociación Murciana de la Empresa Familiar, la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación y el Círculo de Economía de la Región de Murcia. Los órganos directivos de estas Asociaciones han acordado aprobar y difundir las conclusiones siguientes:

A pesar de su enorme peso específico, de estar mínimamente subvencionado y de ser uno de los sectores estratégicos que actúan como locomotora de la actividad económica y del empleo regional (colabora en el crecimiento de sectores asociados a su cadena de valor: envases, transportes, maquinaria industrial, construcción y mantenimiento de instalaciones, servicios financieros, de asesoramiento…) no ha conseguido hasta ahora el reconocimiento y el crédito proporcional a su importancia. El sector industrialagroalimentario de la Región de Murcia es líder a nivel estatal en producción y exportación y entiende que ha llegado la hora de que su esfuerzo tenga una mayor consideración por parte de todas las administraciones públicas, así como de la sociedad en su conjunto.

El sector agroalimentario forma parte de las señas de identidad de la Región de Murcia. En la economía regional desempeña un papel decisivo tanto por su aportación al PIB (en torno al 9%), como por la creación de empleo directo (14,1%). Muy superior si se considera el que induce en otras ramas económicas (transporte, envases, artes gráficas, etc.). Su alta competitividad, innovación e importante actividad exportadora (tradicionalmente cerca del 60% del total de las exportaciones regionales; el pasado año un 41% tras la excepcional irrupción de los combustibles minerales) lo convierten en uno de los más dinámicos y competitivos de Europa

Los dos subsectores, el agrario (con ganadería y pesca) y el industrial han logrado una altísima especialización. En el primer caso, sobre todo, en el cultivo de hortalizas y frutas; en el segundo, en las conservas, productos cárnicos, lácteos y vinícolas, entre otros. La industria agroalimentaria, en particular la centrada en el procesado y conservación de frutas y hortalizas, el sector cárnico y el de derivados lácteos supone el 36% del valor añadido que genera la industria de la región, así como el 31,6% de su empleo.

Su dinamismo exportador es muy relevante. Incluyendo las producciones agrarias, el sector ha acrecentado el valor exportado en unos 1.000 millones de euros durante los últimos tres años, hasta alcanzar 3.605 millones en 2012. Ha experimentado avances pronunciados en todas las principales ramas salvo en conservas hortofrutícolas, que ha sido algo más moderado. Murcia es la primera provincia de España en exportación de transformados vegetales y la segunda en hortalizas, así como en frutas. Las exportaciones de bebidas, particularmente de vinos, crecieron por encima del 20 % en los últimos años

En unos momentos complicados en los que el sector se enfrenta a numerosos retos y amenazas (aparición de nuevos mercados, países emergentes con bajos costes de mano de obra, encarecimiento de otros costes de producción) ha llegado la hora de expresar públicamente las demandas que mejorarían su competitividad y favorecerían sus perspectivas de futuro. Es urgente reivindicar diversas medidas que podrían contribuir a una reducción significativa de sus costes productivos y de logística y ayudarían al desarrollo futuro del sector.
La excesiva burocracia aplicada a un sector tan regulado como el alimentario actúa como un factor negativo que supone un sobrecoste a la industria agroalimentaria. La abundante legislación existente para este sector tanto a nivel de la UE, como nacional y regional hace del mismo uno de los sectores que soporta una mayor burocracia y, por tanto, más complejos y con mayores costes administrativos de Europa. Es imprescindible simplificar la tramitación administrativa de las acciones de este sector, sin menoscabo de la seguridad jurídica para las empresas ni del cumplimiento de las obligaciones de las mismas ante las administraciones y la sociedad.

Asegurar un modelo productivo que garantice a la industria transformadora regional el abastecimiento de materias primas con regularidad y evitar oscilaciones de precios en origen para productores e industria es un objetivo largamente demandado, porque estabilizaría el sector.

Es fundamental apoyar mecanismos de interlocución estables y con perspectivas de sostenibilidad en el tiempo para facilitar la coordinación entre productores y transformadores, mejorar la información sobre la situación de los mercados para facilitar la planificación de las producciones, así como sobre los estándares de calidad certificada que garanticen la seguridad alimentaria. La consulta y participación directa de todos los actores en estos procesos resulta imprescindible. La incidencia de estos factores sobres los costes es relevante. De no ser atendido convenientemente el abastecimiento industrial, existe un riesgo real de deslocalización de la industria por sobrecostes, tanto de producto como logísticos, que no existen en otras regiones y que repercuten significativamente en su competitividad.

Es tarea de todos velar por una distribución equilibrada de los beneficios entre productores, transformadores, transportistas y distribuidores. Han de adoptarse medidas para intentar evitar, o reducir la excesiva presión que en algunos casos ejercen las grandes cadenas de distribución comercial sobre los proveedores y aminorar la amplia desigualdad que separa los precios agrarios en origen y destino.

El sector agroalimentario ha sido y es un elemento clave para el desarrollo rural, la integración y la cohesión social, así como para la vertebración territorial de nuestra región. Consideramos que la defensa y promoción del sector está directamente vinculada al manteniendo de un empleo estable y de calidad en las zonas rurales y en ocasiones, deprimidas. La inminente aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria está llamada a ser un instrumento de ordenación del sector y de las relaciones entre sus actores, pero para ello ha de ser aplicada con el rigor propio, al afectar a un sector económico fundamental para sus agentes económicos y para los consumidores.

La administración local, con frecuencia, no es lo suficientemente diligente a la hora de tramitar las autorizaciones y licencias necesarias para el funcionamiento de las empresas. No se puede aceptar por más tiempo que después de varios años de actividad y habiendo cumplido los requisitos exigidos, aún exista un elevado número de empresas en actividad sin las obligadas autorizaciones y licencias. Esta lamentable circunstancia las mantiene en una situación de precariedad e inseguridad jurídica, e impide su acceso a los incentivos económicos existentes para nuevas inversiones de capital.

El largo periodo de tiempo entre la solicitud y la aprobación resulta, sencillamente, intolerable. Las empresas que necesitan suelo industrial para crecer y ampliar sus instalaciones tienen más dificultades de las que deberían para lograrlo en las condiciones adecuadas. Una mejor coordinación entre la administración regional y las administraciones locales podría contribuir a agilizar estos procesos, así como a impulsar, de nuevo, el proyecto de Ciudad de la Industria Agroalimentariadel municipio de Murcia, ralentizado por la actual situación económica, pero que debería considerarse un proyecto estratégico de la máxima utilidad para la Región.

Se ha realizado un gran esfuerzo por aplicar soluciones medioambientales sostenibles en la gestión de la actividad industrial, intentando combinar el máximo rendimiento y calidad con el menor impacto posible. Los problemas ambientales, particularmente los relacionados con vertidos, suponen un condicionamiento significativo de los costes que las empresas han asumido con responsabilidad. Las administraciones deberían combinar el necesario cumplimiento de estas exigencias con la eliminación de todos aquellos trámites prescindibles, con el establecimiento de plazos de ejecución razonables y, en su caso, con ayuda técnica y financiera adecuada.

El elemento más débil en infraestructuras lo constituye el transporte por ferrocarril. La actual red ferroviaria no es todavía una alternativa al transporte por carretera o marítimo. La mejora de la actual red ferroviaria, particularmente la finalización de la variante de Camarillas, su electrificación y desdoblamiento, resulta imprescindible y urgente. La aprobación por parte de la Unión Europea del “Corredor Mediterráneo” es una buena noticia para todos los sectores económicos de nuestra Comunidad. Instamos a la administración regional a que considere prioritaria la mejora de las infraestructuras ferroviarias y haga todo lo posible por evitar retrasos y dilaciones tanto en los antiguos proyectos, como en los nuevos.

Las dos universidades públicas, a través de sus OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) y los centros de investigación especializada (IMIDA, CEBAS, Centro Tecnológico de la Conserva) han contribuido históricamente, de manera significativa, al desarrollo del sector. Los grupos de investigación vinculados a nuestra industria agroalimentariahan desempeñado un papel clave en su desarrollo y expansión.

Dichos grupos son líderes mundiales en publicaciones científicas de su especialidad y un apoyo imprescindible para la mejora de la competitividad del sector, tanto la centrada en la mejora del producto, como la especializada en el estudio de los mercados.

Contemplamos con gran preocupación la disminución de los presupuestos dedicados a I+D+i por parte de las administraciones de Estado. Aunque en última instancia la inversión privada es la que soporta el mayor peso en las investigaciones, la pérdida de apoyo a la investigación y la disminución de las ayudas vinculadas a la innovación repercutirá negativamente en las empresas agroalimentarias y en sus capacidades de adaptación.

La administración regional debe establecer procedimientos ágiles y sencillos de información y tramitación de las ayudas habilitadas para productores y transformadores por la Política Agraria Común, cuya complejidad es actualmente una importante barrera que limita el acceso a las subvenciones.En un contexto de escasez de recursos presupuestarios la política de incentivos financieros de la administración regional ha de ser muy selectiva y canalizada hacia los proyectos más eficientes, lo que convierte a la industria agroalimentaria en claro sectorprioritario.

El sector debe afrontar no sólo una notable caída de la demanda a causa de la crisis, sino también un importante encarecimiento de ciertos costes de producción a causa de subidas tributarias adoptadas para rebajar el déficit público. Algunas de ellas han repercutido gravemente en aumentos de costes en ciertos insumos relevantes para el sector (el canon de saneamiento en el agua, impuesto de hidrocarburos en los gastos de carburantes, el IVA en el consumo de energía eléctrica e indirectamente por su repercusión en el Impuesto de Actividades Económicas, etc.)

El sector no puede seguir sometido a más subidas de ese tipo. El incremento de costes derivado de las sucesivas elevaciones del canon de saneamiento es excesivo y debiera corregirse en la próxima “ley de acompañamiento” de los Presupuestos. Respecto a la electricidad, es inaplazable la reforma del sectorpara evitar que en España se pague una de las tarifas más caras de Europa, al mismo tiempo que el déficit tarifario sigue aumentando.

En estos momentos está en fase discusión la reforma de la Política Agrícola Común para un nuevo periodo, 2014-2020. En esta nueva PAC debería contemplarse la industriaagroalimentaria como un instrumento clave para el buen funcionamiento de los mercados, como motor del desarrollo regional y como un complemento imprescindible de la producción agrícola de la U.E. Para ello, deben clarificarse las líneas de incentivos a la inversión, destinar un presupuesto acorde con las necesidades de inversión e innovación del sectory la necesidad de mantener la competitividad de las producciones procedentes de la UE en los mercados internacionales.
Representantes del sector vinícola consideran que habría que facilitar por parte de la administración regional el acceso a las inversiones procedentes de la OCM del vino y que no necesitan co-financiación. El viñedo no debería ser excluido del pago único (pago básico) aunque fuera del programa de apoyo. Los Fondos Europeos siguen estando disponibles para apoyar la agricultura ecológica y medioambiental, por lo que se debería facilitar al acceso de estas ayudas a todos los agricultores que actualmente están con estos sistemas de cultivos con el fin de que se consoliden.

Entendemos que desde las administraciones se incentive y se dediquen recursos para promover la diversificación de la estructura productiva regional y se apueste por otras actividades con potencialidad, pero esto no debe ir nunca en menoscabo del apoyo que requiere un sector históricamente fundamental para la economía regional, por disponibilidad de recursos naturales, por su productividad, capacidad innovadora y empeño por ampliar mercados exteriores.
Antes de apostar por nuevas iniciativas de incierto futuro, se debería priorizar el mayor apoyo a sectores que han demostrado, cumplidamente, su rentabilidad económica y social. Así lo debería reconocer en sus próximos Presupuestos, dedicando mayores partidas a apoyar al sector, así como en el nuevo Plan Estratégico de la Región, en proceso de elaboración, en el que ha de ser considerado un pilar fundamental para el desarrollo regional.

Las asociaciones firmantes reiteran la voluntad de colaboración que las ha caracterizado hasta ahora y se comprometen a participar con otras instituciones de la sociedad civil y con las administraciones públicas en cuantas instancias sean requeridas para alcanzar conjuntamente los objetivos expuestos en este documento, así como para realizar un seguimiento periódico de los avances logrados.

Murcia, a 28 de junio de 2013

AMEFMUR. AGRUPAL. CÍRCULO DE ECONOMÍA